Guía del Nuevo Marco Normativo para Empresas y Contribuyentes.

Por EMA Group Consultores  |  Área de Impuestos y Normativa Tributaria  |  Marzo 2026

El ordenamiento tributario argentino incorpora, en su régimen de ganancias simplificado, una figura de notable relevancia para quienes opten por adherirse: la denominada presunción de exactitud, conocida también como blindaje o bloqueo fiscal. Esta presunción opera de pleno derecho —es decir, sin admitir prueba en contrario— y alcanza a las declaraciones juradas de Ganancias e IVA correspondientes a los períodos no prescriptos del contribuyente adherido. Su cobertura se extiende, incluso, a aquellos períodos en los que el sujeto no hubiera estado obligado a presentar declaraciones juradas.

¿Cuándo puede quebrarse el blindaje?

La presunción de exactitud admite una única excepción: la posibilidad de impugnar la declaración jurada simplificada del último período fiscal declarado, pero únicamente cuando se configure una discrepancia significativa. A estos efectos, el régimen contempla tres supuestos habilitantes:

1. Incremento del 15%: si la impugnación arroja un incremento en los saldos de impuestos a favor del fisco —o una reducción de quebrantos o saldos favorables al contribuyente— equivalente a no menos del 15% de lo originalmente declarado.
2. Evasión simple: cuando la brecha entre el impuesto declarado y el determinado de oficio supere la suma de $100.000.000.
3. Documentación apócrifa: si se detecta el uso de facturas o documentos apócrifos, con independencia del monto involucrado.

Un aspecto clave a tener en cuenta: si el contribuyente rectifica y abona las diferencias identificadas —incluyendo los intereses correspondientes— antes de recibir la notificación de una determinación de oficio, el blindaje se mantiene plenamente vigente.

Nota técnica importante: la evaluación de estas discrepancias excluye expresamente las disposiciones relativas al incremento patrimonial no justificado. Dicho criterio abarca tanto bienes registrables como no registrables, así como los depósitos bancarios.

Límites a la extensión de la fiscalización

El régimen establece de manera taxativa dos situaciones en las cuales la extensión de la fiscalización a períodos no prescriptos no resulta procedente:

• Cuando el contribuyente hubiera optado por la modalidad simplificada en un período y se encuentre gozando de la liberación correspondiente, aun cuando en un período posterior ya no esté comprendido en dicha modalidad.
• Cuando hubiera adherido al Régimen de Regularización de Activos (Ley N° 27.743) por los períodos fiscales 2023 e inferiores.

En ambos supuestos, la ley es categórica: los contribuyentes quedan liberados de toda acción civil, así como de responsabilidad por delitos tributarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponderles.

Lavado de activos: qué queda fuera del blindaje

Es un punto que merece especial atención: las sanciones previstas en la Ley de Lavado de Activos y en la Ley Penal Cambiaria no están comprendidas dentro del bloqueo fiscal. Sin embargo, el nuevo ecosistema normativo introduce tres elementos que atenúan significativamente el impacto sobre los contribuyentes adheridos:

1. Resolución UIF N° 78/2025: establece un nuevo marco reglamentario que actualiza los umbrales de control y simplifica los procedimientos para distintos sujetos obligados —sectores inmobiliario, automotores y entidades financieras, entre otros—. Incorpora una medida de relevancia práctica: los sujetos obligados no podrán solicitar las declaraciones juradas impositivas del cliente como condición de sus controles. El foco se orienta a identificar aquellas operaciones de envergadura que presenten características de sospecha.

• Decreto N° 93/2026: dispone que la constancia digital de adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada debe ser considerada por las entidades financieras y demás sujetos obligados como un antecedente favorable en los procesos de identificación y monitoreo de operaciones. La Resolución General (ARCA) N° 5820 precisa que dicha constancia —disponible en www.arca.gob.ar— incluirá los datos de identificación del contribuyente, la fecha en que ejerció la opción y el período fiscal de inicio. La ausencia de datos en este registro indicará que el sujeto no se encuentra adherido, que desistió de la opción o que fue excluido del régimen.

• Documento conjunto UIF–BCRA (18 de febrero de 2026): fija los lineamientos del nuevo paradigma en el contexto de la ley de inocencia fiscal, con los siguientes criterios fundantes:

Operaciones bancarias: nuevas reglas de juego

En materia de depósitos en efectivo, el documento conjunto establece el siguiente esquema regulatorio:

Enfoque Basado en Riesgo (EBR): criterios para prescindir de documentación adicional

Cuando el análisis realizado por el sujeto obligado resulte congruente con los criterios que se detallan a continuación, la solicitud de documentación adicional al cliente deviene innecesaria:

Conclusión

El régimen instala un cambio de paradigma que jerarquiza la presunción de licitud y la confianza técnica hacia el contribuyente cumplidor. Su propósito central es facilitar el reingreso de ahorros en moneda extranjera al sistema financiero formal, instruyendo a las entidades bancarias a operar bajo un Enfoque Basado en Riesgos que evite requerimientos de información innecesarios o el bloqueo de depósitos en efectivo, siempre que las operaciones resulten coherentes con el perfil del cliente y no superen los umbrales establecidos por la Ley Penal Tributaria. Desde EMA Group Consultores acompañamos a nuestros clientes en la interpretación y aplicación práctica de este nuevo marco normativo. Ante cualquier consulta, no dude en contactarnos.

Fuentes: Régimen de Inocencia Fiscal / Errepar